Trump ordena a los bancos revisar el estatus migratorio de sus clientes

Trump ordena a los bancos revisar el estatus migratorio de sus clientes — y los titulares de ITIN están directamente en la mira

21 de mayo de 2026

El presidente Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que instruye a los reguladores financieros a endurecer las reglas de identificación de clientes en bancos e instituciones financieras, con un enfoque específico en el estatus migratorio y la autorización de trabajo. Para millones de familias inmigrantes que han construido su vida financiera en torno a un número de nueve dígitos emitido por el IRS llamado ITIN, la orden marca un cambio fundamental en lo que significa tener una cuenta bancaria en Estados Unidos.

Por qué importa: La orden amplía drásticamente el alcance de la política migratoria de Trump hacia el sector financiero, y podría afectar a millones de inmigrantes que usan bancos estadounidenses, envían remesas al exterior o tienen préstamos — independientemente de su estatus legal.

El panorama general: La orden, titulada “Restaurando la Integridad del Sistema Financiero de Estados Unidos” y firmada el 19 de mayo, instruye al Departamento del Tesoro y a los reguladores bancarios federales a actualizar las reglas de la Ley de Secreto Bancario para que el estatus migratorio sea un factor en las evaluaciones de riesgo financiero.

🔍 ¿Qué es un ITIN y quién lo usa?

El Número de Identificación Personal del Contribuyente es un número de procesamiento tributario de nueve dígitos emitido por el IRS a personas que deben declarar impuestos en Estados Unidos pero que no son elegibles para obtener un Número de Seguro Social. Eso incluye a inmigrantes indocumentados, ciertos titulares de visas, nacionales extranjeros y sus dependientes.

Los ITIN son ampliamente aceptados por bancos e instituciones financieras como una forma válida de identificación para abrir cuentas corrientes, cuentas de ahorro y acceder a otros servicios financieros. El propósito central del ITIN siempre ha sido integrar a las personas a la economía formal: pagar impuestos, abrir cuentas y participar legalmente en el sistema financiero.

En 2022, los inmigrantes indocumentados pagaron aproximadamente 96,700 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales, con un promedio de aproximadamente $8,889 por persona, según el Instituto de Política Fiscal y Tributaria. Gran parte de esos pagos de impuestos fluyen a través de ITINs.

El Budget Lab de Yale estima que en 2023, los trabajadores inmigrantes no autorizados pagaron 66,000 millones de dólares en impuestos federales, de los cuales aproximadamente 43,000 millones correspondieron a impuestos sobre la nómina y 22,000 millones a impuestos sobre la renta.

⚠️ Cómo la orden apunta a los titulares de ITIN

La orden señala explícitamente el uso del ITIN como una posible señal de alerta. Entre los indicadores de “actividad sospechosa” se incluye el uso de un ITIN para obtener productos de crédito o abrir cuentas de depósito cuando el solicitante no tiene un estatus migratorio legal verificado, señalando que, aunque el ITIN facilita el cumplimiento tributario, su uso en lugar de un Número de Seguro Social puede identificarse como un factor de riesgo que requiere una debida diligencia reforzada.

La medida podría dificultar el acceso de los no ciudadanos a los servicios financieros, especialmente para los inmigrantes indocumentados, incluso para fines completamente legítimos.

En pocas palabras: la misma herramienta que el IRS creó para incorporar a los indocumentados al sistema tributario ahora está siendo reenmarcada por la Casa Blanca como una señal de riesgo financiero.

🏠 Impacto en préstamos e hipotecas

Los titulares de ITIN ya enfrentan grandes obstáculos para acceder a créditos. Un estudio del Urban Institute estimó que entre 5,000 y 6,000 hipotecas fueron otorgadas a clientes con ITIN, y que los bancos mostraban una gran reluctancia a prestar a titulares de ITIN. Fannie Mae y Freddie Mac tampoco suelen asegurar hipotecas para prestatarios con ITIN, lo que hace aún menos probable que estos titulares obtengan una hipoteca.

La nueva orden le da a los prestamistas una justificación regulatoria adicional para ir más lejos. Se instruye a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor para que, en un plazo de 60 días, considere aclarar que la posible deportación y la pérdida de ingresos son factores que podrían afectar negativamente la capacidad de pago de un prestatario sin autorización de trabajo, y que los prestamistas podrían considerar tales factores como parte de una decisión de evaluación crediticia razonable y de buena fe.

Esto podría cerrarle la puerta a hipotecas, préstamos para autos y tarjetas de crédito a millones de titulares de ITIN — incluso a quienes llevan décadas viviendo en Estados Unidos, tienen negocios propios y pagan impuestos cada año.

😨 El temor a la “desbancarización”

Defensores de los inmigrantes han advertido previamente que cualquier orden que lleve a los bancos a recopilar información sobre ciudadanía probablemente resultaría en que los inmigrantes indocumentados abandonen el sistema financiero formal, aumentando el número de personas “sin cuenta bancaria”.

Ese temor no es hipotético. Aproximadamente 3 de cada 10 clientes atendidos en un despacho de abogados de inmigración en 2026 ya habían recibido solicitudes inesperadas de sus bancos pidiendo documentación adicional — y esto ocurre antes de que la orden entre plenamente en vigor.

Las familias que abandonan el sistema bancario formal suelen recurrir al efectivo, a servicios de transferencia de dinero no regulados y a préstamos informales — herramientas que conllevan comisiones mucho más altas, mayores riesgos de seguridad y mayor vulnerabilidad a la explotación. Irónicamente, esto podría fomentar exactamente el tipo de comportamiento financiero que la orden dice querer combatir.

📋 Quiénes más se ven afectados, más allá de los indocumentados

Las personas con renovaciones de autorización de trabajo en trámite, propietarios de negocios y solicitantes con historiales migratorios complejos podrían enfrentar más preguntas por parte de las instituciones financieras. Los empleadores que dependen de mano de obra no autorizada o de prácticas irregulares de nómina también podrían enfrentar un mayor escrutinio.

Es importante destacar que los titulares de ITIN incluyen a una amplia gama de personas más allá de los indocumentados: cónyuges y dependientes de titulares de visas, estudiantes extranjeros, titulares de ciertas visas y otros con estatus legal pero sin autorización de trabajo. Una persona puede tener un caso migratorio pendiente, un documento vencido con extensión automática, un ITIN para fines tributarios, o un estatus legal que no incluye autorización irrestricta para trabajar — y cada situación debe evaluarse individualmente.

🔒 Qué protecciones existen actualmente

Los bancos no pueden compartir la información financiera de sus clientes con agencias gubernamentales sin un proceso legal adecuado, como una citación judicial o una orden de un tribunal. La Ley de Privacidad Financiera protege sus registros. Un intento de compartir datos del IRS con agencias de control migratorio fue bloqueado por un juez federal a principios de 2026. Sin embargo, la orden crea nuevos canales de escrutinio reforzado que podrían cambiar ese panorama.

Dado que los bancos nunca han recopilado información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de sus clientes, no existen cifras públicas confiables sobre el riesgo real que estos clientes representan para el sistema financiero — lo que hace difícil evaluar empíricamente el argumento de la orden como medida de gestión de riesgos.

Qué sigue: El Tesoro y los reguladores federales tienen entre 60 y 180 días para emitir directrices y proponer cambios a las normas. Se anticipan demandas legales de grupos defensores de inmigrantes y fiscales generales de varios estados. Mientras tanto, bancos comunitarios y cooperativas de crédito que históricamente han servido a comunidades inmigrantes dicen estar monitoreando de cerca qué implicará en la práctica la “debida diligencia reforzada”.

La conclusión: La orden no llega al punto de exigir la negación directa de servicios a titulares de ITIN — pero le otorga a los bancos la justificación regulatoria para tratar a los inmigrantes que pagan impuestos como riesgos financieros, amenazando con deshacer décadas de esfuerzo por integrar a las familias inmigrantes a la economía formal.

Fuentes: Orden Ejecutiva de la Casa Blanca (19 de mayo de 2026); AP; NBC News; Time; Yale Budget Lab